La Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicó ante un juez Civil del Circuito Especializado de Villavicencio la demanda que pretende reclamar 26.617 hectáreas ubicadas en los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Cumaribo (Vichada).
La intención es que se declare territorio indígena del pueblo Sikuani y pare la colonización, si bien no se pretende expulsar a los campesinos que conviven con los resguardos Iwiwi y Alto Patenae.
Según la URT, en esos resguardos hay 425 indígenas sikuani que integran 100 familias organizadas en 20 comunidades.
La acción judicial es porque estos indígenas han sido víctimas de confinamiento, despojo y abandono por cuenta de grupos al margen de la ley (narcotraficantes, guerrilla y autodefensas) que se disputan el territorio.
En la década de los 90, en este territorio se hallaron dos pistas clandestinas al servicio del narcotráfico, las cuales eran vigiladas por grupos paramilitares que impedían el paso del pueblo Sikuani hacia la vereda Planas.
Posteriormente hizo presencia la guerrilla de las Farc que, con el auge de los cultivos ilícitos, ingresaba al territorio, obligando a las comunidades a vincularse a la actividad ilegal y restringieron las actividades de subsistencia.
En 1993 el Ejército realizó aspersiones con glifosato sobre el territorio colectivo Iwiwi y Alto Patenae.
En los años siguientes, el pueblo Sikuani fue objeto de reclutamiento y de todo tipo de desmanes por parte de la guerrilla y de los paramilitares. La afectación más reciente fue en 2022, cuando las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo realizaron señalamientos y amenazas, por medio de un audio de WhatsApp, contra miembros de la guardia indígena.