Durante tres días en Yopal hubo audiencia de reconocimiento de verdad por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por militares de la XVI Brigada del Ejército.
Asistieron 21 militares, entre ellos un general del Ejército, más un funcionario del extinto DAS y dos civiles que reconocieron ante las víctimas su responsabilidad por los ‘falsos positivos’ en los que fueron asesinadas 303 personas.
En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (en retiro, Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo.
Ellos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.
El general Torres fue comandante de la Brigada XVI desde el 10 de diciembre de 2005 hasta el 8 de junio de 2007. Tenía grado de coronel para entonces. Hizo la siguiente declaración:
De manera libre y voluntaria asumo con vergüenza el señalamiento de máximo responsable por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada”.
Habló de presiones permanentes a sus subordinados, exigiendo resultados. “Los llamados de atención eran con frases como: llevan tantos días y de aquello nada. O reclamos verbales: se están robando el sueldo”.
Aceptó haber pagado $45 millones al teniente Marco Fabián García Céspedes con el fin de que cambiara su versión de los hechos en el caso de Daniel Torres Arciniegas y Roque Julio Torres.
García había declarado inicialmente que fue el general Torres quien le dio la orden de asesinar a esos dos hombres, padre y hermano de Yohana Torres, quien estuvo en la audiencia. Pero luego dijo que no hubo tal orden y que fue su decisión.
El mayor (en retiro) Gustavo Enrique Soto Bracamonte era el comandante del Gaula en la Brigada XVI. “Vine con la noble intención de servir, pero me convertí en criminal de guerra”, declaró.
Si bien admitió su responsabilidad, acusó al entonces comandante de la Cuarta División del Ejército, general Guillermo Quiñones, y al comandante del Ejército, general Mario Montoya, de presionar para cumplir metas de muertos.
Al final de la audiencia, el magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Óscar Parra dijo que las declaraciones de los militares ayudan a entender por qué ocurrió lo que ocurrió y cuáles eran esas políticas que originaron estos crímenes de Estado.